Dr. Phil Williams
LOS TITULARES y comentarios de la televisión que indican que México puede convertirse en un estado fallido a consecuencia de la violencia relacionada con las drogas son muy baratos. Términos como "insurgencia criminal", "narcoterrorismo" y narco-insurgencia son usados para describir los asesinatos generalizados. El informe The Joint Operating Environment Report de 2008 incluso sugirió que en México, al igual que en Paquistán, podría ocurrir un dramático desplome del estado, con consecuencias graves para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El ex zar de antidrogas, General Barry McAffrey, publicó un informe después de una visita a México en diciembre de 2008 donde concluía que "México no está confrontando una criminalidad peligrosa—está luchando por la supervivencia contra el narcoterrorismo". La situación en México es evidentemente seria, y no hay duda que la violencia relacionada con las drogas aumentó de forma sostenida en 2006 y 2007 y creció más del doble en 2008. Sin embargo, el lenguaje incendiario y la retórica hiperbólica no ayudan a aclarar los problemas. Decir que México se está convirtiendo en un estado fallido es muy insultante para un país en el que la soberanía y el orgullo nacionales siguen siendo sentimientos poderosos. Incluso la descripción común de las organizaciones de traficantes de drogas mexicanos como carteles es inapropiada; ellos no controlan los niveles de precio ni de producción, que son los criterios básicos de un cartel. Por otro lado, muy pocos comentarios se centran en las razones de este incremento en la violencia o lo que realmente significa para la estabilidad del estado mexicano. Aunque parte de la retórica ha tenido impacto en Washington y obligado a la nueva administración a dar mayor prioridad a México, también ha generado mucho más calor que luz.
Esto no niega la naturaleza horrible de la violencia: la tortura y las decapitaciones se han vuelto comunes, se han usado barriles de ácido para desintegrar los cuerpos, se han publicado ejecuciones (aunque sólo por poco tiempo) en YouTube, y las organizaciones de traficantes de drogas son capaces de superar la potencia de fuego de la policía y presentan un reto incluso para el Ejército Mexicano. No obstante, es importante entender por qué ha aumentado la violencia, quiénes son las principales víctimas, y cómo se puede combatir mejor. No es convincente la imagen común de un país fuera de control y un estado que puede ser obligado a la sumisión.
La participación de México en el negocio de las drogas es muy antigua, y las organizaciones mexicanas están activas en el tráfico del hachís y la metanfetamina así como en el negocio de la cocaína. Sin embargo, el papel de México fue transformado a fines de la década de 1980 y en la de 1990, cuando los esfuerzos de interdicción estadounidenses hicieron más difícil que las organizaciones de traficantes de drogas colombianos transporten cocaína a través del Caribe con éxito. Como resultado, los grupos colombianos comenzaron a pasar por México, a menudo haciendo pagos en cocaína a las organizaciones de traficantes mexicanos que los ayudaban. Inevitablemente, los mexicanos se hicieron parte del negocio y han reemplazado gradualmente a los colombianos como la fuerza dominante en el tráfico de cocaína a través de los Estados Unidos—un hecho facilitado por la inmigración legal e ilegal de mexicanos. En efecto, las organizaciones y redes de traficantes aprovecharon lo que de otra forma se puede entender como una maldición de ubicación, México es el punto natural de transbordo para las drogas que vienen de Colombia hacia Estados Unidos.
La violencia en México aumentó al pasar el gobierno mexicano de consentimiento e incluso apoyo táctico del negocio de la droga, bajo el Partido Revolucionario Institucional, al enfrentamiento con los traficantes por los presidentes Fox y Calderón del Partido Acción Nacional. En consecuencia, México está sufriendo de lo que se podría describir como violencia de transición: las relaciones confortables y de colusión entre el crimen organizado y el estado se han desmoronado, y no se han institucionalizado relaciones alternativas. Los ataques de las organizaciones de traficantes contra jefes policiales, oficiales y soldados pueden entenderse como un intento de presionar al estado para que se aleje del enfrentamiento y deje a las organizaciones de traficantes un espacio para que puedan operar. Esto no constituye una insurgencia; y la violencia (aunque se ha desbordado y causado la muerte de civiles inocentes) con una excepción, no ha atentado deliberadamente contra los civiles. Cuando se arrojaron granadas contra una multitud en Morelia en el Día de la Independencia (15 de septiembre de 2008), esto provocó una condena generalizada. Aunque no se ha determinado enteramente la culpabilidad, después del suceso algunas de las organizaciones de traficantes anunciaron públicamente que no eran responsables del ataque y ofrecieron recompensas por la captura de quienes fueran culpables. Es incierto cuánto de esto fue simplemente un intento para desviar la culpabilidad por los ataques en que murieron ocho personas y muchos más quedaron heridos, sin embargo, la reacción pública fue de conmoción y escándalo. Reconociendo esto, las organizaciones de traficantes, muchas de las cuales están enquistadas en las comunidades locales, podrían inclinarse a evitar tales ataques indiscriminados en el futuro.
Aparte de la violencia designada a inhibir más esfuerzos de la administración Calderón para interferir con el negocio, la mayoría de matanzas tienen relación con la competencia entre las principales organizaciones de traficantes o con rivalidades al nivel de venta al detalle. El control de los centros de distribución a los consumidores locales, que han surgido en México durante los últimos años, se ha convertido en una fuente de disputa local. Los principales enfrentamientos entre las organizaciones más grandes se han centrado en el control de almacenes estratégicos para reservas grandes y envíos de cocaína en ciudades como Tijuana, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez. La proximidad de estas ciudades a carreteras interestatales principales (o corredores de transporte de drogas) en los Estados Unidos ha intensificado la lucha por el control.
Otro factor que alimenta la violencia es la fácil disponibilidad de armas potentes y de aquellos que saben cómo usarlas. La principal fuente de armas es Estados Unidos, en particular las frecuentes ferias de armas que tienen lugar cerca de la frontera entre ambos países—aunque algunas armas también entran de contrabando de América Central a México. Los Zetas, ex miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, son los especialistas más destacados en la violencia, aunque otras organizaciones de traficantes tienen también en sus filas a muchos con experiencia militar (incluyendo algunos desertores) o antecedentes policiales. Al mismo tiempo, las organizaciones de traficantes rivales se han trabado en una espiral creciente de violencia alimentada por el machismo y un deseo de venganza, más que simplemente por la competencia comercial. El núcleo de muchas organizaciones de traficantes de drogas está formado por miembros de la familia y el asesinato de parientes presta a la violencia una cualidad emocional que genera enemistades y un deseo de retribución que puede durar años e incluso décadas.
Con esto no se quiere restar importancia a la violencia ni minimizar el reto planteado al gobierno de Calderón. El aumento del número de asesinatos relacionados con las drogas del 2006 al 2008 hace imposible ser optimista. En 2006, hubo en México un estimado de 2.221 asesinatos relacionados con las drogas. Esto aumentó a 2.561 en 2007 y en 2008 pasó a más del doble, algo así como entre 5.620 (la cifra más usada por los periódicos mexicanos al final de 2008) y 6.756, el estimado usado por el periódico Zeta de Tijuana. Incluso si se aceptara que parte del aumento en 2008 sea resultado de mejores informes y análisis por parte del gobierno mexicano, el incremento es asombroso. Sin embargo, parte de esto representó una nueva fragmentación entre las organizaciones de traficantes—con la organización Beltrán-Leyva separándose de Chapo Guzmán, y las facciones rivales de los remanentes de la organización Arellano Félix empeñadas en una lucha de sucesión intestina (supuestamente con la participación de Guzmán) por el control de sus rutas y mercados restantes. Además, cuando se descomponen estas cifras, como lo hizo Zeta, claramente gran parte de los asesinatos se concentró en tres estados mexicanos: Chihuahua (2.266), Sinaloa (1.152) y Baja California (1.019). Estos tres estados representan casi el 66 por ciento del total. Esto sugiere que la noción de una epidemia nacional de violencia por drogas es un poco inexacta. La violencia se concentra donde las organizaciones de traficantes compiten por el dominio—y como mínimo algo del efecto indirecto en otros lugares puede ser violencia imitativa. Por otro lado, el número de policías y soldados asesinados es entre 5 y 10 por ciento del total, de modo que la magnitud del desafío al estado mexicano podría ser menor de lo que a menudo se pinta. Mientras esto encuadra bien con la evaluación de que las organizaciones de traficantes están protegiendo su espacio de operación de la presión del gobierno, no puede considerarse "insurgencia criminal" ni "un estado que lucha por la supervivencia contra el narcoterrorismo".
Al mismo tiempo, asesinatos tales como el de Edgar Millán en mayo de 2008, el Jefe Encargado de la Policía Federal, revelan muy claramente que se ha perdido el respeto a las fuerzas de la ley y el orden tanto al nivel nacional como en ciertos estados y municipalidades. No obstante, es importante entender la naturaleza de la violencia: es sobre el control y la protección del negocio de drogas ilegales más que un asalto frontal directo contra el estado mexicano. Se parece más a los enfrentamientos entre las organizaciones de traficantes de drogas de Medellín y Cali en Colombia durante la década de 1990 y las guerras entre jamaiquinos en los Estados Unidos durante el mismo período que a insurgencia o terrorismo. Y México—que tiene una clase media vibrante; una economía sorprendentemente robusta; y un presidente dispuesto a enfrentar a las organizaciones de traficantes de drogas, acabar con la corrupción relacionada con la drogas, y reformar instituciones y agencias claves tales como la policía y el poder judicial—está muy lejos de convertirse en un estado fallido. México es un estado resistente y que funciona. No hay punto de comparación con casos como Nigeria—que por mucho tiempo se mantiene al borde del colapso pero que aún no ha sido derrocado—ni qué decir Somalia. Los problemas en México son sumamente serios, pero no es de ayuda emitir caracterizaciones demasiado simplificadas e inexactas cuando se debería intentar una diagnosis seria de los desafíos que enfrenta México.
*Fuente: Boletín informativo de la Escuela Superior de Guerra del USA, Strategic Studies Institute, abril de 2009
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