EL PRESIDENTE Felipe Calderón tomó el poder el 1 de diciembre de 2006. Desde ese momento, anuncia que México está sufriendo una ofensiva del crimen organizado que no tenía precedentes en la historia. Por vez primera, se reconoce que el gobierno mexicano, con sus propios recursos, no podía dar esa guerra con éxito y solicitaba la ayuda de Estados Unidos.
Con esta afirmación, el gobierno de México cambia todos los parámetros de sus doctrinas de soberanía nacional, con las que había vivido durante el siglo XX. Durante la Guerra Fría, a diferencia de la mayoría de los gobiernos de América Latina, México luchó contra la amenaza comunista sin recibir ayuda importante de ese país. Además, las fuerzas armadas mexicanas no recibieron cantidades significativas de ayuda militar. Hoy, en cambio, México es uno de los principales receptores de ayuda de Estados Unidos.
Desde mediados de los años ochenta, el narcotráfico comenzó a ocupar un lugar importante en las prioridades de seguridad de México, sin embargo, es hasta el siglo XXI que se considera por el gobierno que debe ser combatido con energía. El crimen organizado como actor de la política global es uno de ellos.1 Esto está afectando el proceso de democratización de México, pues el crimen organizado penetra a las fuerzas políticas, mediante financiamiento, para tener funcionarios de gobierno bajo su control. Los narcotraficantes mexicanos, cabeza del crimen organizado, se volvieron muy poderosos por efecto de la guerra a las drogas en Colombia y en los Andes en general. El éxito del apoyo de Estados Unidos a Colombia para desmantelar a los poderosos mafiosos tuvo un efecto negativo en México. Esto se alimenta de un comercio de armas que provienen de Estados Unidos, que tiene como efecto el aumento de la violencia en todas sus dimensiones.
Para enfrentar este fenómeno trasnacional, los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Estados Unidos, George W. Bush, firmaron un compromiso en marzo de 2007 para instrumentar un programa de cooperación en seguridad conocido como Iniciativa Mérida. El 22 de octubre de 2007 se firmó el acuerdo, y se sostiene en el principio de responsabilidad compartida para el combate al tráfico de drogas y de armas. Incluye una importante ayuda para ayudar a profesionalizar las estructuras de seguridad y militares de México para reducir la violencia. El Congreso de Estados Unidos aprobó 1.4 mil millones de dólares para tres años e incluye a Centroamérica, República Dominicana y Haití.
Las estructuras de defensa de México no han tenido modificaciones importantes en sus estructuras. Permanecen las mismas de la época de la revolución mexicana. Por ello, las características de la vieja relación cívico-militar, concentrada en una gran autonomía funcional, financiera y política, subordinada al presidente, es la variable característica. En sus misiones, las fuerzas armadas se han visto obligadas a modificarlas, por las debilidades de las instituciones de seguridad pública y judiciales, pues las que existen son incapaces de poder enfrentar al crimen organizado. Se emplea a las fuerzas armadas por la amenaza del crimen organizado a la estabilidad y gobernabilidad del país. La gravedad de esta situación la enunció el propio presidente de la República, al sostener que el empleo de las fuerzas armadas es vital. Además, el enfrentamiento con los carteles de tráfico de drogas, lo definió como una guerra:
El crimen organizado busca el control territorial, será una guerra sin cuartel porque ya no hay posibilidad de convivir con el narco. No hay regreso; son ellos o nosotros. (…) El elemento clave en la etapa que estamos pasando es precisamente una expresión de voluntad política que a mi juicio hace falta. No sólo se trata de frasearla o expresarla, sino verdaderamente llevarla adelante. Pero tampoco se descarta un replanteamiento de fondo de la propia estrategia que siempre requiere a mi juicio una revisión constante. La estrategia está planteada sobre dos horizontes: uno de muy corto plazo que consiste en reposicionar la autoridad y la potestad del Estado mediante la movilización de la fuerza pública y el Ejército. No podemos perder territorios, hay entidades federativas en que se ha vulnerado la autoridad. Los operativos militares y policíacos masivos que hemos puesto en marcha evidentemente no hacen desaparecer la actividad criminal, pero sí hacen que el Estado pueda fortalecer, recuperar o asumir plenamente el imperio del Estado sobre su propio territorio.2
Así, el jefe del Estado mexicano justifica el empleo de la fuerza militar. La razón es que el crimen organizado, por vez primera en la historia de México, desea disputarle al Estado las dos más importantes atribuciones: el control del territorio y el monopolio del empleo de la fuerza. Como es una guerra se necesita elaborar una estrategia de victoria, y, como bien señala Karl von Clausewitz, los aliados son claves para ganar una guerra. Así, Estados Unidos se volvió aliados de México.
Seguridad nacional narcotizada
A fines del siglo XX, la agenda bilateral México-Estados Unidos ya estaba "narcotizada".3 Si bien este no era el eje toral de las relaciones entre los dos países (pues lo comercial e incluso lo político tenían prioridad superior), el narcotráfico se vuelve un tema crítico. En la "Estrategia Nacional para el Control de Drogas. 1999", redactada por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, se señalan los problemas de hoy. El principal de ellos es la debilidad de las instituciones del gobierno mexicano:
Una fuerte voluntad política a los niveles más altos del gobierno mexicano confronta la grave amenaza para la seguridad nacional que presenta el tráfico de drogas y la corrupción y violencia relacionadas con las drogas. No obstante, México enfrenta el reto de la corrupción, instituciones débiles de lucha contra las drogas y un sistema jurídico que puede ser explotado por narcotraficantes bien financiados. Se necesitará un compromiso a largo plazo por parte del gobierno mexicano para lograr resultados concretos a fin de perturbar a las principales organizaciones traficantes y reducir la cantidad de drogas que entran en México y en los Estados Unidos.4
El Estado mexicano transforma su paradigma de acción, la soberanía es obsoleta y recurre a la cooperación con Estados Unidos por razón de supervivencia. Sin embargo, de los contactos iniciales para combatir en conjunto al narcotráfico, hechos en los años de 1998-1999, hasta la formulación de la Iniciativa Mérida, pasaron 10 años, en los cuales los carteles crecieron y se fortalecieron. En la actualidad, existen seis grandes carteles enfrentándose entre sí, y desafiando el poder del Estado mexicano: los dos carteles de Sinaloa, el que encabeza el Chapo Guzmán, y el de la familia Beltrán Leyva; el Cártel del Golfo, en cuyo seno operan los Zetas como brazo armado, controlando las rutas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y también con presencia en Guatemala en la zona de Petén; el Cartel de Tijuana, encabezado por la familia Arellano Felix; el Cártel de Juárez, fundado por Amado Carrillo, el "señor de los cielos"; y el más reciente de todos, el de La Familia michoacana, siendo este uno de los más violentos por la modalidad de los asesinatos que realizan.
No se conoce el número de integrantes de los carteles, pero numerosos textos sostienen que el narcotráfico beneficia a 500 mil personas, entre sus integrantes, y las familias, más los negocios paralelos que se desarrollan para el lavado de dinero, campesinos que cultivan, entre otros. Además, las estimaciones de las ganancias van de 15 a 25 billones de dólares. La lucha por este dinero provoca un incremento de la violencia, que es el factor que los mexicanos perciben como mayor amenaza a su seguridad, como se observa en la siguiente gráfica:
El total de la fuerza policiaca pública y privada que existe en México, es aproximadamente de más de 500 mil personas, como se ve en el siguiente cuadro:
Esta fuerza está organizada en más de 1,600 corporaciones policiacas, y la seguridad privada está casi totalmente fuera del control del gobierno. Estas policías se caracterizan por un muy bajo nivel de profesionalidad, bajos salarios, bajo nivel educativo, y alta corrupción. Por estas debilidades, el presidente decidió que los militares sean la fuerza principal de contención del narcotráfico.
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